Las autoridades de Puebla han intensificado los operativos contra establecimientos comerciales de origen asiático, sumando ya 19 tiendas chinas clausuradas en la capital poblana durante los últimos meses. Estas acciones son resultado de verificaciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedatra), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y otras dependencias gubernamentales.
Infracciones documentales y laborales detectadas
Genaro Piñeiro Dagnino, Director General de Inspección del Trabajo, informó que los principales motivos de las clausuras son la falta de documentación requerida, ausencia de permisos, incumplimiento de medidas de Protección Civil y condiciones laborales precarias para los trabajadores. Entre las tiendas clausuradas se encuentran Plaza China, La Casa del Panda, D-Moda, Importaciones C&M e Hiper Merka.
Impacto socioeconómico de las clausuras
El cierre de estos establecimientos ha generado un impacto significativo en el empleo local. Según declaraciones del secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, al menos 85 personas han perdido sus empleos hasta ahora.
Las tiendas clausuradas tienen un plazo de 30 días para comprobar la legalidad del origen de sus productos y regularizar su situación ante las autoridades correspondientes. Durante las recientes inspecciones, dos establecimientos fueron objeto de especial atención: “Merca Oriental” en Avenida Juárez, que fue clausurada por segunda ocasión, y “TESCO CHINA”, que consiguió regularizar parte de su documentación pero aún presenta irregularidades en permisos de señalética y espectaculares.
Las autoridades han puesto a disposición una bolsa de 4,000 vacantes para intentar reubicar a los trabajadores afectados, aunque existen dudas sobre la efectividad de esta medida, especialmente para aquellos empleados extranjeros que enfrentan barreras idiomáticas o situaciones migratorias irregulares.
El gobierno de Puebla ha reiterado que los operativos continuarán en distintas zonas de la ciudad con el objetivo de asegurar la legalidad en la comercialización de productos y proteger los derechos laborales de los trabajadores.
