El gobierno estadounidense confirmó el miércoles la aceptación formal del Boeing 747 ofrecido como regalo por Qatar, valorado en aproximadamente 400 millones de dólares, para ser utilizado como avión presidencial Air Force One, culminando semanas de controversia desde que se filtró la noticia a mediados de mayo.
Implicaciones constitucionales y de seguridad
La decisión del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de aceptar la aeronave “de conformidad con todas las normas y reglamentos federales” ha intensificado el debate sobre potenciales violaciones a la Constitución estadounidense, específicamente la cláusula de emolumentos, que prohíbe a funcionarios aceptar regalos “de un rey, príncipe o Estado extranjero” sin consentimiento del Congreso.
Expertos en seguridad nacional, incluidos legisladores republicanos como el senador Ted Cruz, han manifestado preocupaciones sobre posibles vulnerabilidades. “El avión plantea importantes problemas de espionaje y vigilancia”, advirtió Cruz, reflejando inquietudes bipartidistas sobre el acceso que tendría Qatar a sistemas de comunicación presidenciales altamente sensibles.
Reacciones políticas y diplomáticas
El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, calificó el acuerdo como “pura corrupción” y ha propuesto legislación para prohibir el uso de aeronaves extranjeras como Air Force One. “Nada dice ‘América Primero’ como un Air Force One patrocinado por Qatar”, ironizó el senador demócrata.
Por su parte, Trump ha defendido vehementemente la aceptación del avión, argumentando que sería “estúpido” rechazar un obsequio de tal magnitud. “Podría ser un estúpido y decir: ‘No, no queremos un avión gratis y carísimo’, pero me pareció un gran gesto”, declaró el presidente a través de su plataforma Truth Social.
El primer ministro qatarí, Mohamed bin Abdulrahmán, ha minimizado las críticas, insistiendo en que este tipo de obsequios son “normales entre aliados” y no constituyen un “soborno”.
La controversia persiste mientras el Departamento de Defensa inicia el proceso para adaptar la aeronave a los estándares de seguridad presidenciales, con estimaciones que indican que las modificaciones podrían costar más de mil millones de dólares adicionales a los contribuyentes estadounidenses.
