El 1 de junio de 2025, más de 98 millones de mexicanos podrán votar en un proceso histórico: por primera vez elegirán directamente a quienes impartirán justicia. Están en juego más de 800 cargos judiciales, entre jueces y magistrados. El objetivo de esta reforma es fortalecer la legitimidad del Poder Judicial ante la sociedad y aumentar su cercanía con la ciudadanía.
¿Qué hacen jueces y magistrados?
Jueces: primera línea de justicia
Los jueces de distrito son quienes atienden directamente los casos en primera instancia. Escuchan a las partes, valoran pruebas, aplican la ley y dictan sentencias. Atienden casos civiles, penales, laborales y administrativos, resolviendo disputas entre particulares o entre ciudadanos e instituciones públicas.
Contrario a lo que se cree, los jueces no liberan delincuentes por decisión personal. Si una persona sale libre, es porque no hubo pruebas suficientes o porque la ley así lo determina. La tarea del juez es respetar el debido proceso y proteger derechos.
Magistrados: revisión y control
Los magistrados actúan en una segunda etapa del juicio. Si alguna parte no está conforme con el fallo de un juez, puede apelar. Aquí intervienen los tribunales colegiados, donde los magistrados analizan el caso, revisan la legalidad de la sentencia y pueden ratificarla, modificarla o revocarla.
Los magistrados garantizan que las decisiones de primera instancia se ajusten a derecho y protejan los principios constitucionales. Su labor es clave para evitar errores judiciales y fortalecer la justicia en casos complejos o de alto impacto social.
Votar con responsabilidad
Conocer las funciones reales de quienes juzgan ayuda a erradicar mitos y construir confianza. Ni jueces ni magistrados actúan solos: su trabajo está regulado por la ley y supervisado por instancias superiores. Este 1 de junio, el voto de la ciudadanía tendrá un impacto directo en cómo se ejerce la justicia en el país y en la calidad institucional que queremos construir para el futuro. Entender sus funciones no solo fortalece el voto informado, sino también la legitimidad del sistema judicial.
Especialistas coinciden en que este proceso puede marcar el inicio de una nueva relación entre sociedad y justicia, siempre que la participación ciudadana esté acompañada de información, exigencia y vigilancia activa.
