La Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de la Guardia Nacional, consolidando su estructura militar. La reforma, impulsada por el oficialismo, transfiere el control operativo y administrativo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta decisión profundiza la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en México.
Guardia Nacional operará como cuerpo militar permanente
La reforma establece que la Guardia Nacional estará integrada exclusivamente por personal militar con formación policial. Su operación será dirigida por la Sedena, incluyendo mando, ascensos, régimen disciplinario y responsabilidades judiciales bajo jurisdicción militar. También se reformaron ocho leyes secundarias para alinear su funcionamiento con el modelo castrense.
Además, se otorgaron nuevas facultades a la corporación, como realizar operaciones encubiertas, investigaciones preventivas y acceso a datos de geolocalización. Se aprobó la participación de sus elementos en tareas medioambientales, vigilancia fronteriza y aduanal, e incluso actividades de inteligencia en internet. La iniciativa se presentó como una herramienta contra la inseguridad, aunque ha generado polémica.
Oposición alerta sobre militarización de la vida pública
La oposición sostiene que la Guardia Nacional se aleja de su origen civil, acordado en 2019 como modelo intermedio. Diputados del PAN, PRI y MC denunciaron un intento de normalizar la presencia militar en espacios civiles y electorales, al permitir licencias especiales para que soldados ocupen cargos públicos.
Legisladores advirtieron que la reforma no contempla un fortalecimiento paralelo de policías estatales ni municipales. También alertaron que la nueva legislación da al Ejército poder sobre áreas que antes pertenecían al ámbito civil, como puertos, telecomunicaciones y elecciones. La minuta fue enviada al Senado para su aprobación final.
La transformación legal de la Guardia Nacional marca un nuevo capítulo en la relación entre fuerzas armadas y poder civil en México. El debate ahora se traslada al Senado, donde la militarización de la seguridad pública volverá a ser tema de intensa discusión.
