Diego Prieto Hernández dejó la dirección del INAH tras casi una década para liderar la recién creada Unidad Estratégica de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad. Esta instancia, dependiente de la Secretaría de Cultura federal, busca fortalecer la participación comunitaria y salvaguardar el patrimonio vivo que existe dentro del territorio nacional, en una apuesta por ampliar el enfoque cultural del gobierno actual.

Nuevo rumbo en la política cultural
La Secretaría de Cultura informó que la Unidad se centrará en promover políticas con enfoque de derechos y acompañar a comunidades indígenas, afromexicanas, rurales y urbanas. Prieto señaló que la iniciativa busca “una acción cultural transformadora” que valore saberes y tradiciones contemporáneas.
Su creación responde a una propuesta planteada durante la transición presidencial y se integra en una estrategia que pretende reconfigurar la relación entre instituciones culturales y la ciudadanía, superando el enfoque exclusivo en patrimonio monumental.
Relevo en el INAH y retos inmediatos
El antropólogo Joel Omar Vázquez Herrera asumió la dirección del INAH, tras su experiencia en gestión cultural en Oaxaca. Mientras tanto, Prieto adelantó que la nueva unidad contará con áreas técnicas y de acción territorial, además de vínculos estrechos con el INAH, el INBAL y organismos dedicados a lenguas indígenas.
Este triángulo institucional pretende fortalecer la protección del patrimonio cultural en todas sus dimensiones: tangible, inmaterial y social, en línea con compromisos internacionales.
El nombramiento de Diego Prieto marca un cambio estratégico en la política cultural mexicana, priorizando la diversidad viva y la participación social. El reto será consolidar la nueva unidad como un puente efectivo entre las instituciones y las comunidades que dan sentido al patrimonio. Este esfuerzo, además, deberá responder a desafíos como la digitalización cultural, la inclusión de lenguas indígenas y el fortalecimiento de la memoria colectiva en contextos urbanos y rurales, garantizando una gestión sostenible y participativa del patrimonio.


