Ante el aumento de casos de despojo de inmuebles en la capital, el gobierno de la CDMX anunció una reforma legal que contempla penas de hasta 22 años de prisión y la eliminación del derecho a fianza. La medida busca proteger el patrimonio ciudadano y atacar redes delictivas que operan con impunidad.
Refuerzan sanciones y crean gabinete especializado
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó una estrategia integral contra el despojo de inmuebles, delito que ha registrado más de 2,200 denuncias solo en 2025.
Entre las acciones destaca la creación de un gabinete interinstitucional y una unidad operativa especializada que atenderá casos urgentes. Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero concentran el mayor número de reportes.
Las autoridades también clarificaron la diferencia legal entre desalojo y despojo, este último caracterizado por el uso de documentos falsos, amenazas o suplantación de identidad.
Castigos más severos y protección a víctimas vulnerables
Las reformas propuestas al Código Penal de la CDMX elevan las penas base de 6 a 11 años de cárcel, y de hasta 22 años en casos agravados.
Entre los factores agravantes están: violencia, daño al inmueble, uso de cargos públicos falsos o implicación de notarios. También se aplicarán castigos especiales cuando las víctimas sean adultos mayores, menores, embarazadas o personas indígenas.
La fiscal Bertha Alcalde anunció que se incluirá un nuevo artículo para equiparar ciertas conductas civiles con despojo penal, cerrando lagunas legales aprovechadas por redes criminales.
La Ciudad de México busca blindar legalmente el derecho a la propiedad ante un fenómeno creciente y complejo. Con reformas, asesoría legal gratuita y castigos más estrictos, se abre paso a una política pública más firme contra el despojo y a favor de la seguridad patrimonial urbana.
