La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por Javier Milei. Con 137 votos a favor y 111 en contra, permite a las provincias redefinir zonas protegidas para explotación minera. Organizaciones ambientalistas calificaron la medida como un retroceso y anunciaron acciones legales.
Inversiones y cambios en la protección
El gobierno de Milei busca atraer capitales extranjeros mediante esta flexibilización. Según estimaciones del sector minero, la reforma podría desbloquear inversiones por más de 30 mil millones de dólares en la próxima década. El 70% sería para proyectos de cobre, oro y plata.
El secretario de Minería, Lucero, argumentó que la ley anterior contenía prohibiciones absolutas que desalentaban los proyectos de gran escala. Además, ahora cada provincia podrá determinar qué glaciares carecen de ‘funciones hídricas específicas’ y serán susceptibles de explotación. El inventario nacional registra 16,968 glaciares en territorio argentino.
Oposición ambiental y acciones judiciales
La reforma a la Ley de Glaciares generó un rechazo entre colectivos ecologistas. Miles de personas protestaron con consignas como ‘el agua vale más que el oro’. Organizaciones como Greenpeace impulsan una demanda para frenar la medida.
Especialistas advierten que los glaciares andinos retrocedieron 17% en la última década por el cambio climático. La modificación legal podría agravar la escasez hídrica en zonas áridas y comprometer el caudal de ríos. Científicos del IANIGLA señalan que el retroceso glaciar se acelera en el noroeste argentino, donde se concentran los proyectos mineros.
La aprobación de esta reforma supone un giro en la política ambiental argentina. Los tribunales serán el próximo campo de batalla, mientras el gobierno busca inversiones. El desenlace definirá si los glaciares mantienen su protección o ceden ante la minería.
