En respuesta a una serie de ataques coordinados por pandillas, el gobierno de Bernardo Arévalo decretó un estado de sitio en Guatemala por 30 días. La medida busca frenar la violencia tras disturbios en cárceles y agresiones mortales contra policías en distintos puntos del país.
La decisión se tomó luego de que grupos criminales, principalmente Barrio 18 y la MS-13, ejecutaran motines simultáneos en al menos tres centros penitenciarios. Además, emboscaron a patrullas policiales, dejando como saldo varios agentes muertos y heridos. El Estado respondió con operativos para retomar el control de las prisiones y reforzar la seguridad nacional.
El estado de sitio en Guatemala permite suspender garantías constitucionales, como la libertad de movimiento y asociación, para facilitar detenciones sin orden judicial. Según el Ejecutivo, esta herramienta es temporal y necesaria para proteger la vida de los ciudadanos y restaurar el orden público.
Los disturbios también incluyeron la retención de guardias penitenciarios como rehenes, lo que evidenció la capacidad de organización de las pandillas desde dentro de las cárceles. Las autoridades atribuyen esta ofensiva a una reacción contra recientes esfuerzos para desarticular redes delictivas desde el Estado.
Durante la vigencia del estado de sitio, se intensificará la presencia militar en zonas críticas, principalmente en el departamento de Guatemala. Además, se decretaron tres días de duelo nacional en honor a los policías fallecidos.
Esta crisis pone a prueba el inicio de la gestión de Arévalo, quien asumió con la promesa de restablecer el estado de derecho. El resultado de esta medida será clave para definir su liderazgo frente a una de las amenazas más persistentes en Centroamérica.
