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Armenta rinde Informe de Gobierno con enfoque en justicia social

Elías Lozada afirmó que se evaluarán obras y programas con criterios de eficiencia, transparencia y resultados.

El gobernador Alejandro Armenta presentó su Primer Informe de Gobierno, destacando la estabilidad financiera de Puebla. Durante la sesión solemne, informó la liquidación de la deuda del Museo Barroco, que afectaba al estado con un sobrecosto millonario. Esta acción, dijo, permite redirigir recursos hacia seguridad, justicia y desarrollo comunitario.

Modelo de bioética social impulsa finanzas y transparencia

Armenta subrayó que su administración opera con una visión basada en la bioética social y el humanismo mexicano. Recalcó que la cancelación de esquemas heredados de asociaciones público-privadas permitió liberar más de 8 mil millones de pesos. Con estos fondos, el gobierno estatal ha impulsado obras orientadas al bienestar común.

Además, reafirmó su compromiso con:

  • Gobernar con visión de largo plazo y enfoque incluyente.
  • Consolidar una relación institucional respetuosa con el Poder Legislativo.
  • Fortalecer el diálogo democrático y el federalismo.

El mandatario reconoció a las distintas fuerzas políticas por su colaboración en favor de Puebla.

Legisladores revisarán con rigor políticas públicas y obras

En respuesta, el Congreso local expresó su respaldo al análisis detallado del Informe presentado por el Ejecutivo. El presidente de la Mesa Directiva, Elías Lozada Ortega, aseguró que cada programa será evaluado bajo criterios de eficiencia y transparencia. La revisión incluirá obras, políticas y presupuestos para garantizar resultados tangibles.

El Poder Legislativo ratificó su responsabilidad de legislar a favor de una mejor calidad de vida. Los diputados señalaron que su labor es asegurar que los recursos públicos se traduzcan en beneficios reales. El enfoque conjunto será asegurar que las acciones del gobierno respondan a las necesidades ciudadanas.

El Informe refleja una administración orientada al equilibrio de poderes, la rendición de cuentas y la inversión social. Gobierno y Congreso anticipan una etapa de trabajo coordinado para consolidar un desarrollo con justicia y equidad.