La Profeco advirtió que es ilegal cobrar comisión por pagar con tarjeta en comercios del país. Esta práctica, común en restaurantes, tiendas y servicios, viola la Ley Federal de Protección al Consumidor. La dependencia llamó a denunciar y anunció vigilancia intensiva para frenar abusos.
Comercios deben absorber el costo de transacción
Según la Profeco, cuando un negocio acepta pagos con tarjeta, debe cubrir el costo operativo de la terminal. Tras reiteradas denuncias, la institución enfatizó que cargar ese gasto al consumidor representa una infracción. El procurador Iván Escalante aclaró que la ley establece claramente esta responsabilidad empresarial.
Además, recordó que no solo el cobro extra es ilegal, sino también la omisión de notas fiscales o la propina impuesta. Profeco ya ha realizado inspecciones y aplicado suspensiones en puntos críticos. Este tipo de prácticas afectan directamente al bolsillo del consumidor, especialmente en zonas turísticas o cadenas de servicios donde se normaliza este cobro.
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía exigir sus comprobantes y conocer sus derechos como parte del consumo responsable.
Multas millonarias y canales para denunciar
Las sanciones por esta práctica oscilan entre 701 pesos y hasta 3 millones, dependiendo de la gravedad y reincidencia. Las denuncias pueden presentarse con ticket en mano, vía telefónica o por internet. La Profeco reforzará operativos en zonas turísticas, centros comerciales y cadenas de restaurantes. El objetivo es garantizar que el consumidor no asuma costos indebidos por un método de pago legítimo. Esta medida busca generar un entorno de equidad comercial y protección al gasto familiar. El organismo invita a visitar su sitio web para acceder a orientación legal y registrar quejas de forma inmediata.
Proteger los derechos del consumidor es una prioridad institucional. La ciudadanía informada y participativa será clave para erradicar estas malas prácticas en el comercio cotidiano. La Profeco reiteró que seguirá vigilante y que actuará con firmeza ante cualquier abuso económico que vulnere al comprador. En un entorno cada vez más digitalizado, el respeto a los medios de pago no es opcional, sino una obligación legal y ética.
