El gobierno haitiano declaró tres meses de estado de emergencia en los departamentos de Oeste, Artibonito y Centro para contener la violencia de pandillas. La medida busca recuperar el control de zonas estratégicas, frenar desplazamientos masivos y proteger la producción agrícola en regiones asediadas por grupos armados.
La decisión coincide con un repunte de ataques en áreas rurales y urbanas, que han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. Naciones Unidas reporta que desde finales de 2024 hasta junio del 2025, más de mil personas fueron asesinadas y cerca de 240.000 desplazadas en la región central.
Escalada de violencia y cambios en seguridad
El Consejo Presidencial de Transición subrayó que el objetivo es “restablecer la seguridad y la paz” movilizando todos los recursos estatales. Laurent Saint-Cyr, presidente rotativo, pidió apoyo internacional adicional y advirtió que “las bandas no tendrán la última palabra”.
El nombramiento de André Jonas Vladímir Paraison como director interino de la Policía Nacional marca un relevo clave en medio de la crisis. La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, liderada por Kenia y respaldada por la ONU, opera en el país, pero su despliegue no ha detenido la expansión de las pandillas.
Crisis humanitaria y riesgo electoral
La violencia, agravada desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, se combina con una crisis alimentaria que afecta a la mitad de la población. Organismos internacionales alertan sobre el reclutamiento forzado de menores y el impacto de la inseguridad en la producción agrícola.
Las autoridades confían en que la emergencia permita estabilizar el país antes de las elecciones previstas para 2026. Sin embargo, la magnitud de la crisis plantea dudas sobre la capacidad estatal para recuperar el control territorial a corto plazo.
