Conectividad para todos: 15 millones siguen desconectados
Durante la conferencia matutina del 14 de mayo, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, anunció la eliminación definitiva del artículo 109 del proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, tras la controversia pública sobre una supuesta amenaza a la libertad de expresión.
El artículo, vinculado con restricciones a contenidos extranjeros y comparado con la normativa del IVA para plataformas, fue retirado “para evitar dudas o malentendidos”. En su lugar, se mantiene la prohibición a propaganda pagada de gobiernos extranjeros, exceptuando contenidos turísticos, culturales y deportivos.
Peña Merino explicó que la prioridad es cerrar la brecha digital que afecta a 15 millones de personas en México, de las cuales 10 millones no cuentan con cobertura 4G y otras 4.4 millones no pueden costear el servicio. El costo promedio por gigabyte en México (5.22 USD) es uno de los más altos a nivel internacional, según la UIT.
Nueva estructura institucional y apoyo a radios comunitarias
La reforma propone una separación de funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La regulación técnica quedará bajo la Agencia de Transformación Digital, mientras que la competencia económica será gestionada por una nueva Comisión Antimonopolio dependiente de la Secretaría de Economía.
Otros ejes destacados incluyen:
- Acceso gratuito a internet en espacios públicos mediante CFE Telecom.
- Integración de redes comunitarias a las grandes operadoras con tarifas asequibles.
- Apoyo a radios comunitarias y recuperación del derecho de las audiencias, permitiendo quejas por contenidos engañosos.
- Validación colegiada de concesiones, evitando decisiones unipersonales.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esta ley no busca censurar, sino garantizar equidad digital, transparencia informativa y competencia en el mercado.
Esta reforma marca un punto de inflexión para la política digital mexicana: busca reducir la exclusión tecnológica, reordenar la regulación institucional y responder a tensiones previas sobre libertad de expresión. Su implementación, sin embargo, deberá ser vigilada para garantizar que los principios de pluralidad y competencia no se sacrifiquen en el camino hacia una mayor conectividad.
