Durante 2024 y a lo largo de 2025, la economía mexicana prácticamente dejó de crecer. El PIB registró una contracción de 0.6% en el cuarto trimestre de 2024, y los datos acumulados de 2025 muestran un avance que ronda el cero. Las estimaciones para 2026 apuntan a una recuperación muy modesta —alrededor de 0.8%— insuficiente para compensar lo perdido. Para muchos economistas, México atraviesa ya una recesión técnica.
Para el sector manufacturero, eso no es un debate estadístico: es la realidad que se vive en las plantas y en las órdenes de compra que simplemente dejan de llegar.
Las causas no son misteriosas. Convergen varios factores: la incertidumbre generada por la reforma judicial y sus implicaciones sobre la seguridad jurídica, los recortes presupuestales en infraestructura y competitividad productiva, la contracción del consumo interno y una política fiscal que todavía no encuentra su equilibrio. El déficit público cerró 2024 en 5.9% del PIB, el mayor en décadas. Pemex acumula pérdidas que drenan el erario sin traducirse en energía más barata. La inversión privada, sensible a las señales institucionales, responde retrayéndose. El resultado es una economía con todos los ingredientes para crecer —ubicación privilegiada, tratados comerciales, fuerza laboral joven— pero que no logra encender el motor.
Para la industria de la confección, las consecuencias llegan por dos vías. Las inmediatas: el menor consumo interno deprime la demanda de prendas nacionales, mientras la debilidad del mercado presiona los precios en un sector donde los márgenes ya son delgados.
Las estructurales: un entorno de bajo crecimiento desincentiva la modernización tecnológica y la integración de cadenas de valor. Las empresas que deberían invertir en maquinaria nueva para aprovechar el nearshoring están, en cambio, administrando la supervivencia trimestre a trimestre.
México tiene en el nearshoring una oportunidad histórica que difícilmente se repetirá. Pero los capitales no esperan: si las condiciones institucionales y la infraestructura no están listas, la inversión encontrará otras geografías. El estancamiento no es una pausa neutral; es una decisión pasiva con un costo activo que se paga en empleos perdidos y una generación de trabajadores sin certeza laboral formal.
La salida requiere señales claras y sostenidas. El Estado necesita recuperar la confianza de los inversionistas reafirmando el Estado de derecho, retomando la inversión pública en infraestructura —energía, agua, logística— y definiendo una política industrial que identifique sectores tractores, ofreciéndoles condiciones reales de competencia global.
La recuperación proyectada para 2026 es frágil y depende de decisiones que deben tomarse hoy. El costo de la parálisis ya se cobra en silencio; la pregunta es cuánto más puede pagarse antes de que la oportunidad cierre definitivamente.
