El presidente Donald Trump presentó oficialmente el 3 de abril la “Gold Card” o “tarjeta dorada”, un nuevo programa migratorio dirigido exclusivamente a inversores adinerados dispuestos a pagar 5 millones de dólares para obtener residencia y eventualmente la ciudadanía estadounidense. La tarjeta, que lleva la imagen del propio mandatario, ha generado debate sobre la comercialización de los derechos migratorios en un país con políticas de deportación masiva.
¿Cómo funcionará?
La “Gold Card” se presenta como un documento sofisticado que, según Trump, permitirá que las personas más exitosas y generadoras de empleo de todo el mundo adquieran una vía hacia la ciudadanía estadounidense. El presidente aseguró que las primeras unidades estarían disponibles “en menos de dos semanas”.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó que el plan podría recaudar un billón de dólares para pagar la deuda nacional y reemplazaría al actual visado para inversores EB-5. Según Lutnick, habría 250.000 personas esperando en la fila para adquirir la tarjeta, principalmente “ciudadanos globales” con espíritu emprendedor.
Obstáculos legales y cuestionamientos a la “Gold Card”
Expertos en inmigración han señalado que la propuesta enfrenta importantes obstáculos legales. El presidente no puede crear unilateralmente un nuevo visado o una vía hacia la ciudadanía, ya que esto requeriría la aprobación del Congreso.
Sharvari Dalal-Dheini, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, explica que el Congreso tendría que legislar un nuevo programa, cuestionando la autoridad legal para crear este programa de la nada.
Además, los críticos argumentan que el plan envía un mensaje problemático sobre los valores migratorios del país. Dalal-Dheini señala que el mensaje implícito es que se prefiere a los más ricos en Estados Unidos, en vez de a los mejores y más brillantes, o a quienes realmente pueden servir al interés nacional.
La “tarjeta dorada” representa un enfoque sin precedentes en la política migratoria estadounidense, vinculando explícitamente la riqueza con el acceso al país. Mientras la administración Trump afirma que atraerá inversiones y generará empleos, queda por verse si el Congreso aprobará esta iniciativa y cómo se implementaría en un sistema migratorio ya complejo. Lo que es indudable es que la propuesta refleja una visión comercial de la inmigración, donde la ciudadanía podría tener un precio explícito.
