El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció un incremento del 13% al salario mínimo general a partir del 1 de enero de 2026, alcanzando los 315.04 pesos diarios. La medida, consensuada con empresarios y sindicatos, forma parte de una agenda laboral más amplia que también contempla una reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales.
Aumento al salario mínimo: cifras, impacto y contexto
El nuevo salario mínimo general pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios, beneficiando a más de 8.5 millones de trabajadores. En la frontera norte, el aumento será del 5%, alcanzando los 440.87 pesos diarios. Este ajuste representa un ingreso mensual de 9,582 pesos en promedio y 13,409 en la zona libre.
Según la Secretaría del Trabajo, el poder adquisitivo se ha recuperado 154% desde 2018. Este crecimiento permite cubrir hasta 2.8 canastas básicas en zonas fronterizas, superando niveles históricos. La meta del gobierno es garantizar un ingreso equivalente a 2.5 canastas básicas a nivel nacional antes de 2030.
Sheinbaum destacó que este tipo de aumentos ya no se asocian con inflación, contrario a ideas económicas pasadas. Además, afirmó que México mantiene récords de inversión extranjera, lo que refuerza la viabilidad del alza salarial.
Jornada laboral de 40 horas: acuerdo y aplicación gradual
Además del salario mínimo, Sheinbaum confirmó un consenso para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. El cambio será paulatino durante su sexenio, con diálogo permanente entre sectores obrero, patronal y gubernamental.
El secretario del Trabajo explicó que la medida busca mejorar la calidad de vida sin afectar la productividad ni la estabilidad de las empresas. A diferencia de propuestas previas, este acuerdo logró la unanimidad entre las partes involucradas.
El sector empresarial, representado por el Consejo Coordinador Empresarial, respaldó el pacto. Según su presidente, se trata de un esfuerzo conjunto que reconoce las necesidades de los grupos más vulnerables del país.
Las nuevas políticas laborales reflejan un giro estructural hacia el bienestar del trabajador sin perder de vista la estabilidad económica. El reto será mantener ese equilibrio durante la implementación de estos cambios, cuya magnitud podría marcar un antes y un después en la política social mexicana.
