Un marco legal para tiempos extraordinarios
La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), promulgada en 1977, permite al presidente de Estados Unidos tomar medidas económicas drásticas ante amenazas externas. Esta ley, base del régimen de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), se ha convertido en una herramienta clave de política exterior y seguridad nacional, incluso en contextos de paz.
IEEPA autoriza bloquear activos, regular transacciones internacionales y restringir exportaciones sin la necesidad de aprobación legislativa inmediata. Basta con que el presidente declare una emergencia nacional, renovable anualmente, para activar estas facultades. Desde su creación, se han declarado más de 70 emergencias, muchas de ellas todavía vigentes, abarcando desde amenazas cibernéticas hasta terrorismo.
Usos recientes y controversias judiciales
Durante su mandato, Donald Trump invocó la IEEPA para imponer aranceles a México, Canadá y China, argumentando amenazas por migración y crisis comerciales. Aunque históricamente la ley se usó para sancionar a países como Irán o Venezuela, nunca se había aplicado para establecer tarifas generalizadas. En 2025, un tribunal de comercio declaró que esos aranceles “exceden la autoridad otorgada”, abriendo un debate legal sobre su uso.
El artículo 1705 de la IEEPA establece sanciones severas: hasta 20 años de prisión y multas que pueden superar el millón de dólares por violaciones. Su amplitud ha generado preocupación entre expertos sobre un posible “poder ejecutivo sin límites” en el ámbito económico. Algunos analistas también señalan que el creciente uso unilateral de esta ley podría erosionar relaciones diplomáticas clave.
¿Herramienta legítima o poder desmedido?
Si bien la IEEPA fue diseñada para responder con rapidez ante amenazas extranjeras, su aplicación se ha expandido a terrenos altamente políticos y comerciales. En manos del Ejecutivo, representa una poderosa arma de presión internacional, pero también plantea preguntas clave sobre su legitimidad democrática y el equilibrio de poderes. La revisión legislativa y judicial de sus límites será clave para definir el futuro de esta controvertida herramienta.
