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Sheinbaum propone repatriar capitales con tasa preferencial 2026

El esquema retoma la política de 2017, cuando con una tasa del 8 % se logró un fuerte retorno de capitales.

El gobierno de Claudia Sheinbaum está reactivando un programa estratégico para repatriar capitales con una tasa preferencial de ISR del 15 %. La medida, propuesta en el Paquete Económico 2026, exige que los recursos retornados sean lícitos y se inviertan al menos durante tres años en actividades productivas. Este esquema busca fortalecer la economía y atraer inversión exterior bajo condiciones fiscales más claras.

Tasa preferencial y condiciones legales

Dentro del nuevo esquema para repatriar capitales, se ofrece una tasa de ISR del 15 % para personas físicas y morales que traigan recursos de procedencia legítima al país, siempre que dichos capitales hayan permanecido en el extranjero hasta el 8 de septiembre de 2025. Este incentivo fiscal se condiciona a que las inversiones se ejecuten en actividades productivas por un periodo mínimo de tres años. Además, el programa incluye varios candados legales para evitar abusos o usos indebidos del estímulo.

Impacto económico y retos estructurales

El programa revive una política similar aplicada en 2017, cuando la tasa fue del 8 %, generando un retorno de inversiones significativo. Sin embargo, analistas señalan que aunque la tasa del 15 % es menos atractiva que la anterior, sigue siendo competitiva frente a la carga fiscal actual que enfrentan muchas empresas. Las autoridades subrayan que el esquema forma parte del “Plan México”, diseñado para reforzar la inversión nacional, la generación de empleo y la estabilidad tributaria, pero deberán definirse los mecanismos de supervisión para garantizar transparencia y legalidad.

Repatriar capitales con condiciones fiscales preferenciales emerge como una de las apuestas centrales del gobierno para dinamizar la economía sin ceder ante la presión inflacionaria o las tensiones internacionales. Su éxito dependerá de la confianza que genere entre los contribuyentes y la capacidad institucional para vigilar su cumplimiento.