El actual mandatario estadounidense, Donald Trump, presentó una demanda civil contra JPMorgan Chase y su CEO, Jamie Dimon, por USD 5,000 millones. El litigio gira en torno al cierre de cuentas bancarias, que Trump atribuye a motivaciones políticas tras el asalto al Capitolio en 2021.
Según la querella presentada en un tribunal de Florida, el banco terminó su relación con Trump en febrero de 2025, alegando riesgos regulatorios. Sin embargo, el presidente denuncia que la decisión fue impulsada por posturas “woke” y un intento de marginar sus opiniones conservadoras. La acción, sostiene, le causó daños financieros significativos al interrumpir operaciones comerciales y limitar su acceso a fondos.
JPMorgan ha rechazado las acusaciones, afirmando que no cierra cuentas por razones ideológicas, sino por cumplimiento normativo. La entidad, el mayor banco de EE. UU., ya había sido blanco de críticas de Trump en meses anteriores, incluyendo llamados a investigar sus vínculos pasados con Jeffrey Epstein.
Este caso trasciende lo personal: plantea preguntas sobre el rol de las instituciones financieras en la vida pública y si pueden ejercer influencia política mediante decisiones comerciales. Mientras Trump insiste en que fue víctima de discriminación financiera, expertos advierten sobre los límites entre la autonomía empresarial y los derechos civiles.
El juicio podría sentar un precedente sobre cómo las grandes corporaciones interactúan con figuras políticas polarizantes. Más allá del monto reclamado, el caso pone en el centro del debate el equilibrio entre regulación, libertad de expresión y el poder de los bancos en la esfera pública.
