Trump impone control federal sobre seguridad en Washington D.C.
Donald Trump ha ordenado desplegar 800 miembros de la Guardia Nacional y asumir el mando directo de la policía metropolitana de Washington D.C., argumentando un repunte del crimen. La medida, respaldada por agencias federales como el FBI y la DEA, contrasta con datos oficiales que señalan una caída histórica en los delitos violentos.
La orden ejecutiva, vigente por 30 días, incluye el desalojo y reubicación de personas sin hogar, además de cambios en leyes locales sobre fianzas y delitos juveniles. Críticos como la alcaldesa Muriel Bowser califican la acción de innecesaria y peligrosa, mientras que organizaciones de derechos humanos advierten sobre el uso militarizado de la seguridad en ciudades con alta población racializada.
Contexto y reacciones ante la medida presidencial
El Departamento de Justicia asume temporalmente la administración de 3,400 agentes de la policía local, con un comisionado federal interino designado por Trump. Según el presidente, la capital enfrenta un nivel de violencia “superior al de ciudades como Ciudad de México o Bogotá”, afirmación desmentida por cifras municipales que muestran un descenso del 35% en crímenes violentos desde 2024.
Protestas inmediatas frente a la Casa Blanca reunieron a cientos de residentes con consignas contra la presencia militar en las calles. La Asociación de Alcaldes Demócratas señaló que el crimen ha disminuido en la mayoría de las ciudades, y reclamó cooperación federal en lugar de imposiciones.
Posibles implicaciones más allá de Washington
Trump no descartó aplicar medidas similares en Chicago, Los Ángeles o Nueva York, aunque expertos subrayan que las barreras legales son mayores en esos casos. La decisión se enmarca en una estrategia más amplia de intervención federal en territorios gobernados por demócratas, avivando el debate sobre el equilibrio entre seguridad y autonomía local.
La Casa Blanca sostiene que estas acciones garantizarán calles más seguras, mientras que opositores alertan sobre el precedente que podría sentar para la gobernanza urbana en Estados Unidos.
