Un giro radical en la política educativa estadounidense
La Universidad de Harvard, una de las instituciones más prestigiosas del mundo, ha sido impedida de inscribir nuevos estudiantes internacionales por orden directa del Gobierno de Donald Trump. La medida, oficializada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afecta de forma inmediata a casi 6,800 alumnos extranjeros, quienes deberán transferirse a otros centros o enfrentar la pérdida de su estatus migratorio.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, argumentó que Harvard ha permitido la proliferación de “agitadores antiestadounidenses” y actividades “coordinadas con el Partido Comunista Chino”. Además, acusó al centro académico de fomentar el antisemitismo y obstaculizar los esfuerzos de seguridad nacional.
Acusaciones cruzadas y reacciones desde Cambridge
Harvard respondió calificando la decisión como “ilegal” y una “represalia” que compromete la libertad académica. En sus declaraciones, el presidente Alan Garber enfatizó que las condiciones impuestas por la Casa Blanca representan una intromisión directa en la vida intelectual del campus. La universidad anticipa acciones legales en defensa de su autonomía y de su comunidad internacional, proveniente de más de 140 países.
Esta revocación se suma al congelamiento de fondos federales por más de 2,600 millones de dólares, marcando una escalada en la confrontación entre el Ejecutivo y la academia. El trasfondo político sugiere una estrategia para alinear ideológicamente los espacios educativos, priorizando el control migratorio y la narrativa nacionalista.
Este tipo de medidas podría sentar un precedente peligroso, debilitando la reputación internacional de las universidades estadounidenses y disuadiendo el ingreso de talento global. Además, se teme un efecto dominó en otras instituciones que no se alineen con los lineamientos federales, afectando tanto la diversidad cultural como la innovación académica en el país.
