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¿Qué cambia con la Ley Silla? Entra en vigor este 17 de junio

Las empresas que incumplan la Ley Silla recibirán multas de 250 a 2,500 UMAs.

A partir del 17 de junio, entra en vigor en México la llamada Ley Silla, una reforma laboral que establece el derecho al descanso sentado durante la jornada. Esta medida, centrada en sectores como comercio y servicios, busca erradicar prácticas laborales que obligan a trabajadores a permanecer de pie todo el día.

¿Qué establece la Ley Silla y cómo se aplicará?

La Ley Silla modifica la Ley Federal del Trabajo para exigir que los centros laborales proporcionen sillas con respaldo a los trabajadores.
Se trata de un derecho exigible principalmente en los sectores de comercio y servicios, y en la industria cuando sea viable por el tipo de actividad.
Cada empresa deberá destinar espacios designados para estos descansos, regulando su uso en los reglamentos internos.
Algunos puntos clave de la nueva obligación son:

  • Prohibido mantener a empleados de pie todo el turno.
  • Se debe facilitar un asiento funcional y con respaldo.
  • El tiempo de descanso será definido por la empresa.
    La reforma busca armonizar la legislación mexicana con estándares que en países como Chile y Uruguay existen desde principios del siglo XX.

Sanciones, plazos y obligaciones pendientes

Las empresas que incumplan con la Ley Silla enfrentarán multas entre 250 y 2,500 UMAs, es decir, hasta aproximadamente 282 mil pesos.
La Secretaría del Trabajo tiene 30 días desde la entrada en vigor para emitir lineamientos sobre los riesgos de permanecer de pie.
Además, inicia un periodo de 180 días para que los empleadores ajusten sus normas internas.
Según autoridades, esta ley también responde a recomendaciones sobre salud ocupacional, pues la permanencia prolongada en posturas verticales se asocia con diversos padecimientos musculoesqueléticos.
La iniciativa, impulsada por Movimiento Ciudadano, enfrentó varios bloqueos legislativos antes de su aprobación en diciembre de 2024.

La Ley Silla representa un paso relevante hacia condiciones laborales más dignas en México. Más allá de lo simbólico, su implementación exigirá vigilancia activa y ajustes empresariales sustantivos. A futuro, podría sentar un precedente para nuevas reformas en bienestar y salud ocupacional.