México se encuentra al borde de una recesión técnica en 2025, definida como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB real. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman una contracción del -0.3%, mientras la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé una caída más severa del -1.3%. Esta perspectiva sombría surge tras registrar -0.6% en el cuarto trimestre de 2024 y apenas 0.2% de crecimiento en el primer trimestre de 2025.
Factores externos desestabilizan la economía nacional
Los aranceles comerciales impuestos por la administración estadounidense constituyen el principal catalizador externo de la crisis. Las tarifas a automóviles, acero y otros productos mexicanos impactan directamente las exportaciones, que representan el 83% del comercio bilateral con Estados Unidos. El sector automotriz, que aporta 4% del PIB nacional, enfrenta una contracción del -21.3% en exportaciones y -24.3% en producción, amenazando 150,000 empleos directos. Adicionalmente, el impuesto propuesto del 3.5% a las remesas drenarían $3,250 millones de dólares, afectando especialmente al sur-sureste del país.
Crisis fiscal y reformas estructurales agravan el panorama
Internamente, México enfrenta un déficit fiscal del 3.9% del PIB, el más alto desde los años 80, impulsado por gasto expansivo en programas sociales, infraestructura (Tren Maya, Corredor Interoceánico) y subsidios a Pemex que alcanzaron 200,000 millones de pesos en 2024. La reforma judicial aprobada en septiembre de 2024, que introduce elección popular de jueces, ha generado incertidumbre jurídica. La deuda pública de 18 billones de pesos (37% del PIB) limita el espacio para estímulos fiscales adicionales.
México enfrenta un panorama económico crítico en 2025, marcado por una inminente recesión técnica impulsada por factores externos como los aranceles estadounidenses y un entorno fiscal interno deteriorado. La combinación de choques en el comercio exterior, caída en sectores clave como el automotriz, y una creciente incertidumbre jurídica y financiera, limitan la capacidad del país para implementar medidas efectivas de estímulo. De no corregirse estas tendencias, el crecimiento sostenido y la estabilidad macroeconómica podrían verse comprometidos a mediano plazo.
