Una jueza de Estados Unidos ordenó que Argentina transfiera el 51% de las acciones de YPF como parte del pago de una indemnización multimillonaria. La decisión responde a una demanda por la nacionalización de la petrolera en 2012. El gobierno argentino anunció que apelará el fallo para proteger sus intereses económicos.
Fallo histórico y presión judicial sobre Argentina
La magistrada Loretta Preska dictaminó que Argentina debe entregar su participación mayoritaria en YPF para saldar una deuda de 16.100 millones de dólares. Este monto responde a una demanda presentada por los fondos Petersen Energía y Eton Park, excluidos del acuerdo con Repsol tras la estatización. El fallo señala que el Estado violó normas bursátiles al no lanzar una oferta pública de adquisición. El plazo para transferir los títulos es de 14 días, y los mismos serán depositados en el Bank of New York Mellon. La sentencia mantiene a YPF fuera del litigio, concentrando la responsabilidad en el Estado.
Reacción del Gobierno y obstáculos para cumplir el fallo
El presidente Javier Milei confirmó que su administración apelará la medida en todas las instancias judiciales. Además de las dificultades económicas, la ley de expropiación impide transferir acciones sin aprobación del Congreso. El gobierno también alega que este tipo de demandas vulnera la soberanía nacional. La Casa Blanca, incluso, había solicitado que se rechazara la ejecución del fallo por su posible impacto diplomático. Sin embargo, la jueza desestimó esa postura, reafirmando que la inmunidad estatal no ampara incumplimientos contractuales. La resolución complica aún más el ya delicado frente financiero argentino.
La orden judicial pone en jaque el control estatal sobre YPF y tensiona la relación bilateral con EE.UU. Aunque Argentina buscará revertir el fallo, el escenario abre un complejo capítulo legal y económico que podría marcar precedentes en futuras disputas sobre nacionalizaciones.
