Tras masivas protestas y críticas del G7, Volodímir Zelenski presentó un proyecto para garantizar la independencia de las agencias anticorrupción. La medida busca revertir la polémica reforma aprobada esta semana, que subordinaba a la NABU y la Fiscalía Anticorrupción al fiscal general. El giro ha sido bien recibido por la UE, aunque persiste el escepticismo ciudadano.
De la crisis política a la rectificación
La Ley 12414, aprobada el martes, generó las primeras manifestaciones contra Zelenski desde el inicio de la guerra. La norma otorgaba al fiscal general control sobre la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada (SAPO), organismos clave en la lucha contra la corrupción sistémica.
El presidente justificó la medida como un mecanismo para impedir infiltraciones rusas, pero la reacción social y diplomática fue inmediata. El jueves, Zelenski anunció la nueva propuesta para restaurar la autonomía plena de ambas instituciones.
Reacciones internacionales y dudas internas
El G7 y la Unión Europea aplaudieron la rectificación y ofrecieron asesoría técnica para la nueva ley. La NABU y la SAPO confirmaron que participaron en la redacción del texto y respaldan su aprobación.
Sin embargo, organizaciones civiles advierten que el anuncio podría ser insuficiente si no se garantiza un marco estable y transparente. Para muchos activistas, la independencia judicial sigue siendo un pilar crítico para la adhesión de Ucrania a la UE y el mantenimiento del apoyo internacional.
El Parlamento votará en breve la propuesta de Zelenski, mientras continúan las protestas en Kiev. El resultado definirá no solo el rumbo de la lucha anticorrupción, sino también la credibilidad del gobierno en plena guerra. Para Ucrania, la transparencia es ya un frente tan estratégico como el militar.
