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Impuesto a refrescos impactará precios y fuentes de empleo

Según la ONU, no hay pruebas suficientes que demuestren que estas estrategias logren los resultados esperados.

El nuevo impuesto saludable a bebidas azucaradas en México ha desatado una fuerte polémica. La Asociación Mexicana de Bebidas advierte que esta medida no solo elevará los precios hasta tres pesos por litro, sino que podría poner en riesgo miles de empleos. El impacto económico del impuesto a refrescos alcanza a consumidores, comerciantes y empresas.

Impacto económico: entre precios altos y pérdida de empleos

La cuota del IEPS pasará de 1.64 a 3.08 pesos por litro en 2026, afectando directamente el bolsillo de los consumidores. Se estima un aumento del 10 al 15 % en los precios de refrescos y jugos.

Según MexBeb, esto podría desencadenar la pérdida de hasta 150 mil empleos directos e indirectos. Además, unas 1.2 millones de tienditas, donde los refrescos representan el 30 % de las ventas, podrían ver comprometida su operación.

  • 400 mil comercios en riesgo, según ANPEC
  • Afectación mayor en hogares de bajos ingresos
  • Cierre potencial de pequeños negocios en cinco años

Empresarios temen una contracción del sector y un efecto recesivo en la economía nacional.

Industria rechaza medida y cuestiona su efectividad sanitaria

MexBeb cuestiona la efectividad del impuesto como herramienta de salud pública. Señala que el gravamen no atiende las causas multifactoriales de la obesidad ni reduce sustancialmente las calorías consumidas.

En paralelo, la ONU ha desaconsejado estas políticas por falta de evidencia de éxito. También se desincentiva la innovación en fórmulas sin azúcar, pues el nuevo gravamen también las incluye.

Expertos como Rolando Silva (IMCP) recuerdan que bebidas como refrescos tienen demanda inelástica, por lo que el consumo no necesariamente bajará. En cambio, podría haber migración hacia marcas más baratas, afectando la rentabilidad del sector formal.

El alza en el impuesto a refrescos busca mejorar la salud pública, pero sus efectos económicos y sociales ya generan preocupación. De no revisarse la medida, podría derivar en un golpe a los sectores más vulnerables y una transformación profunda del ecosistema comercial de bebidas en México.