La detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por lavado de dinero, marca el primer golpe político de Ernestina Godoy como nueva fiscal general de México. La operación reabre un expediente cargado de acusaciones de corrupción, desvío de recursos y presuntos pactos de impunidad con actores locales, tras años de maniobras legales y dilaciones.
La FGR ejecuta orden de arresto tras aval de EE. UU.
Tras una espera de más de un año, Washington autorizó a México procesar a César Duarte por un nuevo cargo: lavado de dinero. La Fiscalía General de la República (FGR) actuó de inmediato y lo arrestó en Chihuahua el 8 de diciembre. Fue trasladado al penal del Altiplano, dejando atrás su libertad condicional.
La orden se remonta a mayo de 2024, pero requería luz verde de EE. UU. debido a los términos del tratado de extradición. Duarte, extraditado en 2022, ya enfrentaba acusaciones por asociación delictuosa y peculado. Según la FGR, desvió recursos del erario estatal a través del sistema financiero mexicano.
Godoy acelera el caso y rompe con la era Gertz
La llegada de Ernestina Godoy imprimió velocidad a un expediente trabado durante la gestión de Alejandro Gertz. Apenas asumió la Fiscalía, instruyó la captura de Duarte como muestra de su estrategia anticorrupción. El caso se convierte en un emblema político de su mandato.
Duarte enfrenta al menos 20 órdenes de captura y múltiples acusaciones:
- Desvío de 6,000 millones de pesos.
- Compra ilícita de propiedades y ranchos en México y EE. UU.
- Participación en la llamada “Nómina Secreta”.
- Presunta creación ilegal de un banco con fondos públicos.
El caso revive los vínculos entre Duarte y la “Operación Safiro”, escándalo clave del sexenio de Peña Nieto.
La captura de Duarte refleja un giro en la política judicial mexicana bajo la gestión de Godoy y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Su desenlace podría sentar un precedente crucial sobre cómo se procesan casos emblemáticos de corrupción en el país y el papel de la Fiscalía frente a la oposición.
