En nuestro país enfrentaremos el pronóstico del Banco de México, al recortar el crecimiento a 0.3% en este año, ante este panorama de freno económico se suma el cúmulo de reformas legales recientes que aportan un panorama de incertidumbre legal.
Estas modificaciones impulsadas restringen herramientas de defensa jurídica, endurecen regulaciones y amplían facultades discrecionales del Estado, desincentivando la inversión y frenando el crecimiento económico. En Puebla, donde la industria genera miles de empleos, esta inestabilidad jurídica amenaza cadenas productivas clave, como la automotriz, al elevar riesgos operativos y costos legales.
Por ejemplo la reforma a la Ley de Amparo debilita el Estado de derecho al limitar suspensiones contra actos fiscales del SAT. Pequeñas y medianas empresas no pueden garantizar créditos completos, permitiendo embargos irreparables incluso durante juicios, lo que provoca cierres y pérdidas de empleo y solo señalamos el aspecto fiscal.
La modificación sobre “cosa juzgada” permite reabrir casos concluidos, socavando la seguridad jurídica. Esto genera temor a revisiones retroactivas de sentencias firmes, erosionando la confianza inversionista y prolongando litigios indefinidamente.
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales otorga excesivo poder a Conagua, sobrerregulando concesiones no transferibles. Exige permisos para agua de lluvia y reduce plazos, incrementando burocracia y costos para industrias y agricultura que ya tratan residuales.
Por otra parte, las reformas a la LFPIORPI y Código Penal Federal imponen obligaciones complejas: capacitaciones anuales, auditorías automatizadas y controles a Personas Políticamente Expuestas. Afectan MiPyMEs con sobrerregulación en actividades vulnerables, elevando sanciones y suspensiones, lo que paraliza operaciones cotidianas.
Finalmente, ante este panorama las reformas colocan al empresariado en desventaja competitiva, priorizando control estatal sobre certeza jurídica. Ahuyentando a los inversionistas en un momento crítico. Por esta razón urge un diálogo con autoridades para equilibrar políticas públicas con el desarrollo sostenible. Solo así Puebla y México impulsarán prosperidad compartida.
