En medio del Foro Económico Mundial en Davos, Donald Trump presentó oficialmente la Junta de Paz, un organismo internacional que él mismo preside y que promete transformar la gobernanza global. Aunque inicialmente fue concebida para supervisar la reconstrucción de Gaza, su alcance se ha ampliado drásticamente.
La Junta de Paz surge con un estatuto que otorga a Trump poderes casi ilimitados: puede vetar decisiones, disolver el organismo e incluso designar a su sucesor. Según documentos filtrados, los países que aporten US$1.000 millones obtienen un asiento permanente. Entre los miembros fundadores figuran Arabia Saudita, Turquía, Pakistán, Argentina, Hungría y Bielorrusia, además de figuras como Tony Blair y Jared Kushner.
Sin embargo, la iniciativa ha generado escepticismo. Francia, Noruega e Italia han rechazado o pospuesto su adhesión, mientras China y Ucrania expresan reservas, especialmente por la posible participación de Rusia. Kiev teme compartir espacio con Moscú, su enemigo en plena guerra. Por su parte, Beijing insiste en defender “el sistema internacional centrado en la ONU”, criticando la Junta de Paz como una alternativa unilateral.
Aunque Trump afirma que el organismo colaborará con las Naciones Unidas, sus declaraciones sobre reemplazarla han alarmado a diplomáticos. La ONU, por ahora, mantiene su rol, pero la tensión entre multilateralismo tradicional y esta nueva estructura liderada por EE.UU. podría redefinir la diplomacia global.
Más allá de sus ambiciones, la Junta de Paz enfrenta desafíos de legitimidad, transparencia y cohesión. Su éxito dependerá no solo del respaldo financiero, sino de su capacidad real para construir consensos en un mundo cada vez más fragmentado.
