El Consejo Coordinador Empresarial de Puebla manifestó inquietud por los indicios de desgaste estructural en las finanzas públicas y en el desempeño económico del país, advertidos recientemente por organismos financieros y agencias calificadoras internacionales.
El país mantiene atributos relevantes: apertura y diversificación económica, peso manufacturero, integración con Norteamérica, solidez financiera y una ventana favorable por el nearshoring. No obstante, esas ventajas solo podrán convertirse en inversión y expansión de largo plazo si existen estabilidad macroeconómica, certidumbre legal y condiciones apropiadas.
El organismo sostuvo que los retos presentes deben atenderse con una visión de Estado. Durante 2024, el déficit fiscal federal llegó a niveles cercanos al 5.7% del PIB, mientras la deuda pública se acerca al umbral del 60% del PIB, con posibilidad de excederlo en 2026.
A este escenario se añade el crecimiento del gasto corriente. Los apoyos fiscales destinados a PEMEX superan los 500 mil millones de pesos al año, sin reflejar mejoras en producción ni en eficiencia energética. Como resultado, la inversión física federal cayó cerca de 28% entre 2024 y 2025 y se ubicó alrededor del 2% del PIB.
Otro elemento de preocupación es el freno en la inversión pública y privada, asociado con la falta de certeza regulatoria y económica. Sin recursos productivos, se restringen el crecimiento sostenido, el avance de la productividad y la creación de empleos formales.
El CCE Puebla advirtió que el PIB per cápita sigue debajo de los niveles de 2018, el crecimiento posterior a 2019 ronda 0.9% y la informalidad alcanza 55% de la población ocupada.
Ante este panorama, planteó recuperar confianza, fortalecer el Estado de derecho, combatir la informalidad e impulsar infraestructura, energía, innovación y talento para aprovechar el potencial industrial, académico y empresarial de Puebla.
