El Congreso del Estado de Puebla ha marcado un hito en la administración de recursos públicos al aprobar, por unanimidad, la eliminación de las llamadas pensiones doradas. Con 37 votos a favor, los legisladores locales adecuaron la normativa estatal a la reforma federal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta medida busca terminar con los retiros privilegiados de exservidores públicos de confianza en organismos descentralizados y banca de desarrollo.
Topes salariales y justicia administrativa
La reforma al artículo 127 de la Constitución Política establece que ninguna jubilación pagada con recursos públicos podrá superar el 50% de la remuneración de la titular del Ejecutivo federal. Dado que el salario presidencial ronda los 135,000 pesos, el tope máximo para estas pensiones doradas quedará fijado en poco más de 70,000 pesos mensuales. Puebla se integra así a un selecto grupo de siete entidades que han ratificado esta modificación en tiempo récord.
Los puntos clave de la nueva legislación poblana incluyen:
- Aplicación estricta a personal de confianza de empresas estatales y fideicomisos.
- Prohibición de ingresos por jubilación superiores a la mitad del salario presidencial.
- Alineación inmediata con los tiempos de aprobación del Congreso de la Unión.
Impacto en la transparencia gubernamental
El legislativo poblano destacó que esta decisión responde a una demanda social de austeridad y equidad en el gasto público. Al eliminar las pensiones doradas, se pretende liberar presupuesto para áreas prioritarias y evitar que exfuncionarios mantengan niveles de vida desproporcionados a costa del erario. La celeridad de la aprobación, apenas días después del aval en el Senado y la Cámara de Diputados, refleja el compromiso político con la agenda de transparencia.
A futuro, se espera que este control sobre las jubilaciones de élite genere ahorros significativos para las finanzas del estado. La medida no solo impacta a los actuales mandos medios y superiores, sino que sienta un precedente legal para las futuras administraciones. Con este paso, la entidad refuerza la vigilancia sobre el uso del dinero de los contribuyentes, garantizando que el sistema de seguridad social sea sostenible y justo para todos los niveles de la función pública.
