La acusación federal contra Raúl Castro reabrió uno de los expedientes más sensibles entre Estados Unidos y Cuba: el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. El anuncio, hecho en Miami, llega en plena presión política y económica sobre La Habana, mientras ambas partes sostienen versiones opuestas.
Una imputación con peso histórico y político
El Departamento de Justicia presentó cargos contra el expresidente cubano, de 94 años, y cinco militares por presunto asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. La causa se vincula con la muerte de Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, tripulantes abatidos el 24 de febrero de 1996. Washington afirma que el ataque ocurrió en aguas internacionales, criterio respaldado por investigaciones de la ONU y la CIDH. La presentación coincidió con el 20 de mayo, fecha simbólica para el exilio cubano en Florida.
Reacciones cruzadas y tensión diplomática
La Casa Blanca presentó la acción judicial como un mensaje de rendición de cuentas, aunque Donald Trump negó que implique una escalada inmediata contra Cuba. Marco Rubio, secretario de Estado, atribuyó la crisis de la isla a su sistema político y condicionó una nueva relación a reformas profundas. Desde La Habana, Miguel Díaz-Canel rechazó la acusación y la calificó como maniobra política. Se subrayan cuestionamientos sobre el contexto previo: documentos desclasificados mencionan advertencias estadounidenses a Hermanos al Rescate por vuelos considerados provocadores por Cuba antes del incidente ocurrido.
El proceso abre un frente legal de alto impacto, pero su desenlace sigue incierto. Más allá de su viabilidad judicial, puede reforzar el discurso de presión contra el gobierno cubano y mantener el caso de 1996 como punto crítico bilateral.
