México enfrenta una encrucijada energética determinante debido a su profunda dependencia de los combustibles extranjeros. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propuso evaluar la viabilidad del fracking en México mediante un comité científico especializado que analizará tecnologías de menor impacto ambiental. Esta iniciativa busca equilibrar la soberanía nacional con la protección de los recursos naturales para las próximas generaciones.
Actualmente, el país importa cerca del 75 por ciento del gas natural que consume, proveniente principalmente de Texas y California. Ante este escenario, la Secretaría de Energía valora el potencial del fracking en México para explotar yacimientos no convencionales y fortalecer la producción interna. El enfoque gubernamental prioriza el uso de agua salada reciclada y químicos menos dañinos para mitigar riesgos en los mantos acuíferos.
De acuerdo con Pemex, las reservas no convencionales ascienden a 141 mil 494 millones de pies cúbicos, superando ampliamente a los depósitos tradicionales. El plan estratégico proyecta alcanzar una producción de 8 mil 600 millones de pies cúbicos diarios en la próxima década. Esta expansión resulta vital para alimentar las nuevas plantas de ciclo combinado y sostener el crecimiento industrial vinculado a los Polos de Desarrollo.
Los especialistas designados, que incluyen expertos en geología y manejo de agua, tendrán un plazo de dos meses para presentar recomendaciones técnicas sobre la explotación de lutitas. El desarrollo de este sector se concentrará estratégicamente en regiones clave como las cuencas de Burgos, Sabinas-Burro Picachos y Tampico-Misantla. La transparencia en estos procesos será fundamental para dar certidumbre a las comunidades locales y los sectores económicos involucrados.
La transición hacia la autosuficiencia no será inmediata, pues se estima un periodo de desarrollo de entre 10 y 15 años. Aunque el debate sobre el fracking en México genera posturas encontradas, la administración actual apuesta por el rigor técnico para definir su política energética. El resultado de este análisis científico marcará el rumbo de la sostenibilidad industrial y la viabilidad económica del país a largo plazo.
